¿Sabías que los grandes fiscalistas consideran que la propuesta de Reforma Fiscal y Ley de Amparo vulnera derechos humanos, mostrando una tendencia hacia un control estricto, vigilancia excesiva y, sobre todo, una mayor recaudación?
Hola querido lector:
Como ya es costumbre, dedico esta columna a todos aquellos ciudadanos interesados en mantenerse informados sobre los acontecimientos que están transformando nuestro país. Y, desde luego, la mejor opinión siempre será la tuya.
En mi profesión es fundamental mantenerse actualizado en todos los temas relacionados con el pago de impuestos y su conexión con otras materias, para lograr una aplicación coordinada y consciente de los cambios que año con año propone la autoridad fiscal.
Mi compromiso contigo es dar seguimiento constante a cualquier modificación que pueda ayudarte a prevenir problemas y proteger tu patrimonio. Por ello, durante este año he seguido de cerca tanto las reformas como las posturas de reconocidos especialistas fiscales, quienes con su experiencia aportan análisis claros y valiosos.
Una opinión que llamó especialmente mi atención fue la de la firma “Especialistas Fiscales de México”, representada por la abogada Fernanda Yuselli, a quien admiro profundamente. He tenido la oportunidad de asistir a sus conferencias cuando ha visitado Puebla, y puedo asegurar que sus ponencias son de gran calidad.
Fernanda expuso recientemente su postura respecto a la Reforma a la Ley de Amparo, destacando los siguientes puntos críticos:
1. Retroactividad: La reforma es, desafortunadamente, de carácter retroactivo.
2. Limitación de la suspensión: Habrá ciudadanos sin protección inmediata.
3. Interés legítimo restringido: Se exige una lesión “real y diferenciada”, dejando fuera a los colectivos.
4. Exención de sanciones: La autoridad puede alegar “imposibilidad”, lo que fomenta la impunidad.
5. Sanciones institucionales: El castigo recaerá sobre el erario, no sobre los funcionarios (es decir, todos pagaremos por la ineficiencia de la autoridad).
6. Juicio digital obligatorio: No garantiza un acceso igualitario, excluyendo a sectores vulnerables.
7. Recusaciones desechadas: El juez puede rechazarlas por considerarlas dilatorias, incrementando el riesgo de arbitrariedad.
8. Plazo de 90 días para sentencia: Se impone una presión excesiva, lo que podría derivar en resoluciones superficiales y poco analizadas.
Estos puntos, expresados por la especialista en una entrevista, reflejan una gran preocupación que comparto plenamente. En mi experiencia, esta reforma, combinada con la inexperiencia del nuevo Poder Judicial, podría tener consecuencias graves tanto para los empresarios como para la ciudadanía en general.
Quiero dejar claro que esta columna no busca generar desánimo ni polémica, sino invitar a la reflexión. Las opiniones pueden ser diversas, pero es indispensable levantar la voz y evitar que este tipo de iniciativas se aprueben sin un análisis profundo.
Es momento de escuchar al pueblo y a los expertos, para que con los contrapesos necesarios, logremos consensos que impulsen el progreso del país y el respeto a los derechos humanos.
Con cariño,
Tu asesora de confianza,
C.P. Kenia Chilaca S&C
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